Son muchas las situaciones en las que nuestra salud se puede ver perjudicada por algo que no tiene por qué ver exactamente con nosotros. En el mismo momento en el que salimos fuera de casa, ya estamos expuestos a una serie de situaciones que nos pueden generar problemas. Por ejemplo: un mal estado de las calles o carreteras puede hacer que suframos un accidente de tráfico. Y eso, como es lógico, es algo por lo que alguien tiene que pagar. En este caso, quien debe pagar no es otra que la propia Administración, que es la que se tiene que encargar de que todo el pavimento se encuentre en perfectas condiciones.
La verdad es que situaciones como la que acabamos de describir pueden ser mucho más habituales de lo que nos podríamos llegar a imaginar. Está claro que hay que limitarlas al máximo porque la salud de las personas es lo que se encuentra en juego en este tipo de situaciones, pero es bastante complicado que se reduzca a cero el número de casos de este tipo. Ni que decir tiene que es una verdadera suerte que tengamos un mecanismo jurídico, llamado responsabilidad patrimonial, que nos repare los daños.
Una información de la página web oficial del Gobierno informaba de cómo es el proceso de reclamación por responsabilidad patrimonial. Está claro que, para un proceso de estas características, es imprescindible contar con profesionales del sector de la abogacía y expertos en el régimen jurídico del territorio en el que nos encontremos. En la actualidad, buena parte del trabajo de los abogados españoles consiste en presentar solicitudes que se amparan en este objeto legal para que sus clientes vean reparados los daños recibidos en una situación que es imputable a la Administración. No en todos los países del mundo se encuentran mecanismos como de los que os estamos hablando.
En los momentos en los que nos encontramos, las demandas de responsabilidad patrimonial a la Administración constituyen uno de los procesos legales más comunes de nuestro país. Es lo que nos han indicado los profesionales del Bufete Albanés. Y es que los casos en los que un daño sufrido por un ciudadano o ciudadana es imputable a la Administración son bastante más habituales de lo que podemos llegar a pensar. En ocasiones, según nos cuentan los profesionales de la entidad de la que os hemos hablado, el propio ciudadano o ciudadana no sabe que puede hacer una reclamación de estas características.
Gracias a un mecanismo como este, muchas personas han encontrado un modo de conseguir que alguien vea reparado un daño sufrido. Esto no ha sido habitual a lo largo de la Historia, y por desgracia, y como os comentábamos antes, no es algo habitual todavía en muchos países del mundo. Hay que valorar lo que tenemos y no cabe la menor duda de que esta es una de las mejores maneras de hacerlo posible. Desde luego, es lo que nos permite asegurar que vivimos en una democracia plena.
El mal estado de las calles, el principal motivo de denuncia
Son miles y miles las personas que se han quejado en algún momento del mal estado en el que se encuentran las calles de sus pueblos o ciudades. Este es un asunto del que ha de encargarse el Ayuntamiento de su localidad. Si no es así, y se produce algún perjuicio físico, el Ayuntamiento asume las consecuencias de una posible denuncia. Y eso es lo que pasa en muchísimas ocasiones. Un gran porcentaje de las denuncias por responsabilidad patrimonial tienen mucho que ver con el mal estado en el que se encuentran las vías públicas.
La verdad es que la responsabilidad patrimonial, además de reparar un daño al ciudadano, tiene también otra cuestión que podríamos decir que es la mar de positiva: que sirve para darle un tirón de orejas a la Administración y para conseguir que los procesos se agilicen. Como es evidente, si un Ayuntamiento ha recibido una denuncia por esto, lo más seguro es que intente poner todos los medios para evitar que les pueda llegar una denuncia similar de ahí en adelante. Sería lo lógico que así fuera, aunque quien sabe lo que ocurrirá en cada Consistorio.
La responsabilidad patrimonial es un instrumento que puede cambiar muchos aspectos de la realidad. Y ojalá que poco a poco lo vaya haciendo. Sin embargo, es un proceso que requiere del máximo conocimiento jurídico y del marco legal español. Si eso no se tiene, o no contamos con alguien que disponga de ello, es muy complicado que podamos aprovecharnos de las ventajas que conlleva el proceso. Así que es lógico pensar que la figura de un abogado siempre va a ser imprescindible en un asunto como del que venimos hablando.
